La transición energética en México pasa a un segundo plano para la Secretaría de Energía
A menos de que se recupere certeza jurídica y se reactiven mecanismos de promoción como las subastas a largo plazo, donde las energías renovables fueron las tecnologías más competitivas, la desaceleración en la transición energética podría mantenerse, complicándose así compromisos internacionales de reducción de emisiones.
Si bien analistas internacionales adjudican la actual disminución en energía limpia en países en vía desarrollo fundamentalmente al impacto de la baja inversión de China en 2018, consultores energéticos locales ponen a consideración determinados cambios en las prioridades de la administración federal.
En materia energética, sin lugar a dudas, el Gobierno quiere fortalecer a Pemex y a CFE, primero que nada. Esto se traduce para Pemex en aumentar la producción de petróleo y para CFE en aumentar su capacidad de generación.
El Gobierno parte de un concepto distinto para abordar su política de transición energética, que no concuerda con lo que se ha venido desarrollando años atrás junto a actores privados de las energías renovables.
El Gobierno está utilizando criterios políticos para tomar sus decisiones en materia energética y no se está basando en criterios técnicos para desarrollar una política a mediano o largo plazo. Eso trae desconcierto al mercado eléctrico e incertidumbre respecto a las medidas de transición energética.
Según Climatescope (iniciativa de Bloomberg) hay pocos indicios en países en desarrollo que sugieren que en un futuro cercano se alcanzará la meta de un total de $100 mil millones de apoyo al año para poder realizar las actividades relacionadas a la prevención del cambio climático.
Cuando se habla de «metas por cumplir» en generación a partir de energías limpias, los porcentajes fijados en la Ley de Transición energética incluyen un 25% en 2018, 30% en 2021 y 35% en 2024. Para alcanzar este último porcentaje, urgiría que se recupere la certeza jurídica en materia energética para retomar importantes inversiones y se reactiven, antes del 2022, mecanismos como las subastas a largo plazo.
Se percibe complicado que los primeros tres años el Gobierno esté interesado en apostar directamente por energías renovables, puesto que han indicado que antes de continuar con este tipo de desarrollos quieren ordenar el mercado eléctrico. Sumado a aquello, a partir de lo que señala la CFE, su diagnóstico actual es que existe un desbalance.
Por lo pronto, adquirir mayor participación en las mesas de trabajo público privadas sería una de las claves para que el sistema eléctrico se prepare para una nueva ola de energías renovables en la segunda mitad de este sexenio.
Asociaciones civiles y empresarias ya han participado este año de distintas iniciativas convocadas por el sector público, tales como aquellas organizadas por la Secretaría de Economía referidas al fomento de cadenas productivas e inversión en el sector energético. Sin embargo, puntualmente sobre transición energética, el reciente Consejo Consultivo para la Transición Energética no convocó a estas asociaciones u otros referentes del sector eléctrico o energético renovable.
Con la Reforma energética del 2013 este Consejo ya se había conformado y sesionado; con aquel, autoridades de Gobierno recibían asesorías de actores que no necesariamente eran públicos y estos ayudaban a enriquecer las políticas en materia energética. Ahora, si bien las sesiones se están retomando junto a la nueva administración, la diferencia es que el Comité, en su gran mayoría, está confirmado por actores del sector público.
Allí, según indica un comunicado oficial de la Secretaría de Energía, ya se habría aprobado un “Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2020-2024”. Pero este no ha sido publicado en canales públicos como el Diario Oficial de la Federación, para que reciba comentarios y se propongan anexos técnicos al mismo.
Las ideas que nos han transmitido las autoridades federales en materia energética son: depurar todos los permisos de generación que quedaron pendientes de la Administración pasada y, por otro lado, que en aquellas regiones donde haya una demanda más alta de electricidad se trabaje para generar las condiciones que permitan poder cubrirla, entre otras medidas esto podría apuntar a modernizar las líneas de transmisión. En este escenario, sería posible que el CENACE retome las subastas de largo plazo pero que trabaje para regionalizarlas. Esta sería una posibilidad de aquí a unos años.
Mtro. Arturo Carranza
Asesor y Consultor Energético
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